Originalmente escrito y sometido por invitación a la revista ENTORNO durante el pasado mes de abril, la presente edición final contiene muchos de los cambios que se ofrecieran hacer tras las objeciones presentadas para su rechazo, mas no aquellos que hubieran alterado el contenido.
Tras las opiniones ofrecidas en ENTORNO 19 por Andrés Mignucci, Pedro Cardona y Marcelo López Dinardi, he accedido a la solicitud del Comité Editorial de “abordar críticamente el estado de la arquitectura en Puerto Rico” con el propósito de “ampliar su definición y alcance". El Premio Nobel y columnista del New York Times Paul Krugman ha hablado—junto a muchos otros autores—sobre una atroz pero atenuada lucha entre generaciones, a través de todos los campos del quehacer humano actuales.
La arquitectura aquí y en los Estados, no es la excepción, y a mi juicio la situación viene forzada en gran medida por la distancia abismal entre sus leyes y sus realidades (1). Los escombros del complejo multiusos Plaza Convention Center District (CCD), por Fiedler y Frías Architects, son ejemplares de esta coyuntura (2).
El proyecto, “uno de los primeros [...] en ser certificado como un edificio ambientalmente adecuado por el USGBC” (3), es listado en la demanda de recobro del FDIC contra oficiales y ejecutivos de Western Bank por negligencia crasa y comportamiento temerario. La demanda, actualmente en los tribunales, reclama que de los $62,258,335.00 del préstamo de construcción garantizado por el desarrollador Cleofe Rubi (plagado alegadamente de graves irregularidades), el banco desembolsó más de $45 millones. El documento reclama que el resultado ha sido la pérdida de al menos $37.3 millones y “un caparazón de vigas de acero enmohecidas” (4).
Poco importa si los arquitectos del proyecto completaron o no sus planos de construcción, lo que debería importarnos es el rol protagónico de la arquitectura tanto en sus vistosas ruinas, como en cada paso del boom. Mientras la prensa del territorio se prestó para fotutear sobre los escombros del movimiento Occupy en el Parque Gándara, nunca han narrado la historia de las nuevas ruinas que ocupan la ciudad—motivo y causa de nuestros pesares—el elefante blanco en la sala que todos nombran pero nadie explica cómo llegó allí.
La pasada generación agoniza en la resaca de la crisis—oficinas cerradas, sedienta de aquellos proyectos—pregunta a los jóvenes que llegaron tarde a la fiesta (o nunca fueron invitados): ¿no habrían hecho ustedes lo mismo? A toda luz no es un problema de quién hizo qué, sino de cómo nuestra profesión a estado organizada para facilitar una concentración de capital tan grande, que ahora se ha vuelo insostenible (e incosteable).
Además la pregunta es algo capciosa, y viene de una limitada interpretación de la práctica, donde el arquitecto es meramente un prestador de servicios, como un torturador de la CIA; su fin parecería ser cobrar primero y solo después “proteger la vida, la salud y la propiedad y fomentar el bienestar público general” (5). Estos son los fines principales de la ley que reglamenta la práctica y en todos, pero especialmente en los dos últimos, la arquitectura en Puerto Rico le ha fallado y le continúa fallando a los ciudadanos.
Quizá, como opina Cardona, “ya no es posible proyectar sin entender claramente de dónde procederán los fondos para financiar la obra”. Pero ¿cómo deberían las leyes y reglamentos de la práctica adecuarse para evitar que los mas jóvenes pasen el tortuoso camino de iniciación para convertirse en verdugos del endeudamiento público? Y peor aún, ¿cómo abordar estas preguntas críticamente cuando ha reinado una “ausencia de crítica” como señala López Dinardi? ¿Cómo es que podemos decirle a un estudiante que lo que puso en la pared es una mierda, pero no podemos decirle lo mismo a un arquitecto que ha construido una mierda?
La crítica ha sido prohibida de facto por mera interpretación conservadora del Código de Ética del CAAPPR, según el cual: “los miembros no [...] tratarán de influir negativamente” la práctica de otros miembros (6). Esta impunidad es inapropiada e ilegal, atenta contra el derecho a la libertad de expresión de los propios colegiados (7) y obstaculiza sus propios fines de “contribuir al mejoramiento del medio ambiente y a la calidad de vida de la comunidad puertorriqueña, promover la excelencia de nuestra arquitectura” y “fomentar el mejoramiento del ejercicio profesional de sus miembros (8)”.
Aún después que la Autoridad del Financiamiento de la Vivienda anunciara que fomentaría en el extranjero la venta de “inmuebles cuyo precio se acerca y supera el millón de dólares”(9), la mayoría de estos proyectos notorios y emblemáticos como Paseo Caribe siguen siendo estorbos públicos sin vender—torres vacías que como obeliscos mortuorios marcan el cementerio que una generación completa construyó para si misma.
Desde allí los más enajenados y los más comprometidos cantan el réquiem de Ciudadela (Santurce), y aunque Mignucci elogia muy acertadamente al desarrollador por “valentía de asumir riesgos”, también hubiera podido señalar al gremio que no enfrentó a la autoridad en apoyo al “valiente” que proclamó la moratoria al desparrame en el municipio de San Juan (10). En parte por ello el lema contra la revitalización “Santurce No se vende” lee ahora con justicia poética—los incentivos de la Ley 212 están siendo pagados por los jóvenes y por los nietos de esa generación.
Por otra parte, y más acá, bajo la sombra de ese campo santo afloran otras prácticas. Andrea Bauzá ha acompañado a muchos que descubren la ciudad entre las ruinas, como las siluetas románticas en las pinturas de Friedrich, destilan belleza de la desolación urbana, interrumpiéndola con sus proyectos lúdicos. Desde Desayuno Calle, hasta Iluminacción o Thoughtless Monuments, sus gestiones siempre colectivas caracterizan lo mejor de un nuevo espíritu colaborativo, que sustituye el enchismamiento y el apuñaleo de antaño. Su esfuerzo para la competencia Galería Espacio Temporero, así como el impacto generacional del proyecto ganador, Revuelo, por Vladimir García y Doel Fresse, no podrían echarse a menos, aún tras la negativa del las escuelas y del CAAPPR en endosar abierta y efusivamente la competencia.
Muchos otros proyectos no necesariamente firmados por un arquitecto aguardan ser igualmente retratados y celebrados, como la residencia Reyes por el artista Jorge Pardo, el restaurante Il Nuovo Perugino por el Laboratorio de Artes Binarios (Oscar Ramos, Javier Olmeda y María Carrión), o el nuevo techo verde del Cuartel de Ballajá por ECO Landscape Architecture, que formó parte de un plan de mejoras al edificio gestionado por el director ejecutivo de SHPO, Carlos Rubio y su equipo (Marel del Toro, Santiago Gala y Eduardo Cancio).
Revuelo fue proyectado, dibujado, calculado y construido con las propias manos de los artistas, diseñadores y arquitectos mas jóvenes, por sobre la animosidad oficialista que solo le prestó atención como “obra fuera del ámbito arquitectónico” después que la efimeralidad de su espacio captara la imaginación del público (y de La Fortaleza). Proyectos como estos y otros sin nombrar, despiertan el interés por las virtudes del diseño y sus amplias posibilidades de mejorar la calidad de vida más allá del aglutinamiento de cemento, bloque y varilla que queda de las nuevas ruinas. También provocan y llaman al debate y a la cacería de brujas por el título “arquitecto” y la palabra “arquitectura” (amparada en la ley).
Cuando se esperaría reflexión y reinvención real e inclusiva del oficialismo, los únicos proyectos que asoman del “ámbito arquitectónico” siguen siendo hoteles y centros comerciales como el Sambil de Guaynabo, por Arturo García, que parecerían proyectarse en un universo paralelo donde no han ocurrido ni la crisis, ni el Estadio Olímpico de Pekín (11). Su anuncio en año de elecciones, y la cooptación del arte de proyectar edificios por la campaña de Héctor O’Neill, no son aspectos únicos del proyecto, sino que caracterizan una última frontera de esa limitada manera de concebir y practicar la arquitectura(12).
En lugar de que se “reconozcan nuestras disciplinas como esenciales al bienestar de Puerto Rico”(13), el “ámbito de la arquitectura” sigue estancado en una tendencia obstinada en interpretaciones parcializadas, contradictorias y discriminatorias de sus propias leyes y reglamentos. Continuar con esta farsa es como perpetuar un sistema piramidal: los beneficios de quienes están arriba disminuyen con la inclusión de nuevos miembros abajo. Cerrar mas el acceso a la práctica en lugar de abrirlo parecería apoyar este hecho, ¿habrá insidia en ese desprecio y alevosía en esa enajenación? Lo sabremos quizá cuando el evangelio del health-safety-welfare (HSW) enfrente la inevitable ruina de su propia miopía.
Sería mucho mas productivo para todos reconocer la pluralidad de prácticas actuales, a quienes las practican y las maneras en que estas podrían complementarse mutuamente y aportar a una misma causa: mejorar la calidad de vida de la comunidad puertorriqueña. Después de todo, no a todos le interesa el peritaje de asumir responsabilidad por certificar planos, y no a todos los que certifican planos les interesan las mil y una cosas en las que todos podríamos estar colaborando (y cobrando) en el proceso de mejorar el ambiente físico y social—metas que no me he inventado, sino que son el principio de la ley habilitadora y los reglamentos de la profesión.
La letra muerta no muere sola, sino por la omisión, negligencia y sumisión de unos hombres a otros. Habrá que revivirla, y de paso, revivir la profesión y la ciudad que le espera debajo de los escombros.
Javier Román-Nieves
arquitecto no registrado
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(1) Dependiendo de las coordenadas de observadores y narradores, el ineludible conflicto es descrito de distintas maneras. Para una discusión ejemplar de este aspecto, ver The Real War on Youth: Esquire’s Dubious Achievements, por Richard Eskow, Huffington Post, 9 de abril de 2012. O a Paul Krugman, Wasting Our Minds, The New York Times, 20 de abril de 2012. http://www.nytimes.com/2012/04/30/opinion/krugman-wasting-our-minds.html
(2) Número de caso en ARPE: 06CX2-CET00-03403. Sus visualizaciones conceptuales pueden ser encontrados en el sitio web de Fiedeler & Frías Architects, http://fiedlerandfrias.com/ o, alternativamente, en el thread del foro público, SAN JUAN | Distrito de Convenciones | E/C -SkycraperCity
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=807710
(3) Ibid.
(4) Case 3:11-cv-02271-GAG Document 17 Filed 01/20/12 in the United States District Court for the District of Puerto Rico. Civil Action No. 11-02271 (GAG), jury trial demanded
(5) Ley #173 del 12 de agosto de 1988, según enmendada
(6) Canon 5, Obligaciones al Colega (R.503), Código de Ética y Conducta Profesional, CAAPPR.
(7) Cualquier colegiado que continúe apoyando esta interpretación contradice el Canon 1, Obligaciones Generales (N.E.1.1) del mismo Código: “los miembros deben respetar los derechos humanos”, entre los que se incluye que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, París
(8) Reglamento del CAAPPR, según enmendado, 11 de septiembre de 2009
(9) Nueva estrategia para las vivienda de lujo, El Nuevo Día, 11 de Julio de 2011, donde se anuncian extensiones a la vigencia de la Ley 132 de 2 de septiembre de 2010, Ley de Estímulo al Mercado de Bienes Inmuebles.
(10) Me refiero, por supuesto al periodo de incumbencia de Sila María Calderón en el MSJ.
(11) Ver, Mucho más que un centro comercial, El Nuevo Día, 25 de marzo de 2012.
(12) La foto del alcalde sujetando un render ejemplifica el argumento, ver http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=879418
(13) Reglamento del CAAPPR, según enmendado, 11 de septiembre de 2009
Construcción del esqueleto estructural de Plaza CCD, hoy prácticamente en el mismo estado. (fuente: SkycraperCity) |